La reubicación de los servicios judiciales en un nuevo edificio, situado en un área de expansión de la ciudad de Pontevedra, suponía una oportunidad extraordinaria para dotar a toda la zona de un referente arquitectónico. Se consiguió que una secuencia de espacios públicos conectara la ciudad existente con un área urbana que estaba sufriendo una profunda transformación.
El nuevo edificio estará comunicado con la infraestructura judicial existente a través de una pasarela, de manera que la nueva sede albergará la jurisdicción no penal, mientras que en el edificio existente se mantendrá la fiscalía y los juzgados de lo penal.
El proyecto se distribuye en seis plantas sobre rasante y dos plantas bajo rasante, que se destinan a aparcamiento y archivos. Las plantas baja y primera acogen las estancias públicas y en las cuatro plantas superiores se distribuyen las unidades judiciales. La estructura del edificio se compone de forjados reticulares de hormigón, que permiten salvar grandes luces.
El edificio, de forma circular, organiza sus estancias en torno a un patio que sirve para iluminar y ventilar todas las unidades judiciales.
